1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

Los cambios significativos operados en el mundo en los últimos años, nos ubican en un escenario sustancialmente diferente al de décadas anteriores.

Vivimos en un mundo marcado por la brecha cada vez mayor entre los países ricos y los países pobres en los que se han profundizado las situaciones de injusticia y pobreza. La globalización se manifiesta con un nivel superior de intercambio comercial, financiero, productivo y tecnológico y en nuevas y más profundas formas de relacionamiento y comunicación. Este proceso se ha caracterizado por las políticas de apertura y liberalización en los países dependientes, que han hecho posible una mayor inserción y expansión del capitalismo central. A nivel económico, el mundo se ha convertido en la principal "unidad operativa" para el capital financiero y las empresas transnacionales, produciendo cuantiosos beneficios injustamente distribuidos. La globalización financiera y la falta de regulación permiten voluminosos movimientos de capital especulativo en forma instantánea, en desmedro de su aplicación hacia la producción y aumentando la vulnerabilidad de nuestras economías nacionales. Asimismo en este contexto un nuevo peligro se cierne sobre los derechos fundamentales de los pueblos. Se pretende la construcción de un  nuevo orden económico en el cual se tiende a dejar en manos de burocracias técnicas las decisiones sobre temas tan cruciales como el futuro de las comunicaciones, los servicios de salud, educación, saneamiento, agua potable, calidad del medioambiente, reglas de juego laborales, las patentes, derechos de autor y tantos otros.

Ante estas tensiones una postura consecuentemente progresista implica el reforzamiento de la capacidad de los Estados Nacionales para decidir sobre los asuntos públicos. Esto es, una posición que no se resigna a lo existente ni se paraliza con simples lamentos ante los nuevos desafíos,  sino que aporta a la construcción de una sociedad mundial sustentada por valores humanitarios, de solidaridad, democracia y justicia social; a la vez que respetuosa de la diversidad cultural, de las distintas civilizaciones y de los equilibrios medioambientales.

En  los comienzos del siglo XXI, dentro del bloque imperialista,  Estados Unidos ejerce un poder político militar unipolar que le permite un creciente intervencionismo en diversas partes del mundo, desnudando sus intenciones de dominación y hegemonía a escala mundial, y que se ha puesto de manifiesto en la violación de las resoluciones de las Naciones Unidas; recurriendo al uso de la fuerza y emprendiendo una escalada bélica, acompañado vergonzosamente por las añoranzas imperialistas de sus aliados europeos. Para nosotros como para el conjunto de la comunidad mundial no son de recibo los argumentos esgrimidos, que intentan vincular esta escalada con el terrorismo. Prácticas estas -las terroristas- que nuestra fuerza política rechaza y condena en todas sus manifestaciones. 

Ante ello nos sumamos a la lucha por un nuevo orden internacional más justo y solidario, reafirmando nuestra clara postura antiimperialista

La dinámica contra-hegemónica está lanzada. En todo el mundo los movimientos antineoliberales han crecido en fuerza y en la riqueza de sus propuestas: la reactivación del debate sobre proyectos alternativos con dimensión global, la renovada importancia que han tomado grupos como los que analizan el tema del  endeudamiento externo, verdadero freno para el desarrollo de nuestros pueblos. Las múltiples jornadas del Foro Social Mundial de Porto Alegre, se han visto reforzadas con la multitud. Gente de las más diversas procedencias sociales ha protagonizado en las calles del mundo un formidable espectáculo  de lucha por la  paz y el respeto a la diversidad, en un ejemplo contundente de ciudadanía a escala planetaria.

Se ha comprendido que está en juego la idea misma de una comunidad verdaderamente mundial de gente trabajando junta, en paz, con responsabilidades compartidas, para un futuro compartido. El espiral imperial cierra el camino a esta perspectiva.

Mientras tanto, en nuestro continente se aprecian claros cambios de rumbo, desplazando a los sectores responsables de la aplicación obsecuente del modelo imperante hasta hace solo un tiempo atrás. Han sido los pueblos latinoamericanos, que sufrieron en carne propia los protagonistas que están generando diversas alternativas.

Deberemos enfrentar este mundo de bloques con un relacionamiento basado en la cooperación y en la unidad de América Latina, que permita un relacionamiento de nuevo tipo con los organismos financieros internacionales como el FMI, las transnacionales y con la potencia hegemónica. Un cambio de relación, con una mayor paridad y sin condicionamientos ni intervencionismo. El bloqueo a Cuba es un claro ejemplo del modo de relación entre las naciones que no compartimos y que rechazamos, en tanto supone la intromisión en los asuntos internos de un país hermano que vulnera su soberanía y compromete la seguridad e independencia del conjunto del continente. En consecuencia, el próximo gobierno del EP-FA y sus aliados, restablecerá de inmediato las relaciones diplomáticas y de cooperación con el gobierno y el hermano pueblo de Cuba

Es por ello que nosotros, como Frente Amplio, en tanto fundadores en 1990 del Foro de Sao Paulo y miembro de su Grupo de Trabajo, reivindicamos su vigencia como  ámbito de confluencia, reflexión y elaboración de una estrategia antineoliberal por parte de la izquierda latinoamericana y caribeña.

En víspera de asumir el desafío histórico de la transformación progresista, nuestra atención a los fenómenos presentes -a escala mundial y regional- adopta una relevancia trascendental; no para someternos a ellos, sino para definir nuestros objetivos y trazar las políticas necesarias para construir nuestro lugar como país en la región y en el mundo.

En esta perspectiva y en este contexto plagado de amenazas e incertidumbres las apuestas del país deben pasar por la región y el fortalecimiento del proyecto  MERCOSUR.

Los dos principales socios del bloque se han encaminado decididamente en este sentido.

Argentina –paradigma a nivel mundial de la aplicación más dura y fundamentalista del neoliberalismo y la expresión más cabal del modelo-  hizo colapsar su economía, sus redes sociales y su propia institucionalidad, pero las elecciones de mayo del 2003 han significado una opción diferente por parte del pueblo argentino en una apuesta a la esperanza y el cambio.

Brasil con la presidencia de LULA marca la llegada de un gobierno de izquierda, en alianza con otros sectores políticos.  Planteando con claridad que el cambio -además de necesario- es posible. Nuestro vecino dialoga con el mundo desde los intereses de su nación y de la región sin prejuicios ni rigidez. El Presidente Lula le ha dado visibilidad  a su vocación estratégica para con el MERCOSUR.

Nosotros debemos actuar para la consolidación y fortalecimiento del MERCOSUR desde una perspectiva más amplia que incluya los aspectos sociales, políticos y culturales de los países miembros, promoviendo un relacionamiento que nos ponga en camino de la dinamización y de la más plena integración de toda América Latina, conforme con nuestra vocación latinoamericanista, no solo en espacios institucionalizados de relacionamiento entre gobiernos, sino entre fuerzas políticas como por ejemplo el Foro de San  Pablo.

Esto no descarta otros escenarios y ámbitos de trabajo simultáneos y compatibles que nos permitan ampliar las relaciones bilaterales con naciones y bloques a efectos de promover iniciativas comunes en los organismos multilaterales, y profundizar las relaciones políticas, comerciales, ambientales y culturales.

Nuestro país debe sumar su voz y sus esfuerzos al conjunto de países con quienes comparte visiones para defender sus intereses en el contexto de los organismos multilaterales de comercio y de crédito.

El Uruguay deberá profundizar la senda de aquellos postulados y acciones que en materia de sus relaciones internacionales, le valieron el reconocimiento  internacional, basados en los principios de la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación y la no-intervención. En ese sentido expresará su solidaridad con las naciones y pueblos que luchan contra la opresión y por la vigencia plena de las libertades y los valores democráticos.

2. EL CONTEXTO NACIONAL

Los esfuerzos de nuestra fuerza política están orientados en la construcción de una sociedad mejor, más justa y solidaria. Pero este empeño, que expresa la inalterable voluntad de progreso de los uruguayos y uruguayas, se enfrenta al desafío de superar el obstáculo y la resistencia que configuran la conjunción de intereses de sectores que concentran el capital financiero internacional, poderosas corporaciones empresariales funcionales al imperialismo y sus socios internos que conforman el actual bloque de poder.

Esta verdadera oligarquía dominante cuyos intereses contradicen los de la mayoría de la nación, está conduciendo los destinos del país y ha llevado a los orientales a vivir situaciones de marginación y pobreza nunca antes vistos en nuestra patria. El bloque dominante es cada vez menos numeroso, pero cada vez más poderoso dejando de lado a sectores que la integraban y a otros que estaban asociados a ella, en un proceso de concentración del poder y la riqueza nacional.

De allí que nuestro país atraviese una profunda crisis económica y social, caracterizada por la fragmentación social, el aumento de la marginalidad y el descenso abrupto de todos los indicadores que componen la calidad de vida; que ha acelerado la destrucción del aparato productivo, la pérdida de capital humano, centralización del capital y la precarización del trabajo, impactos negativos que condicionan el futuro de nuestro país.

Esta situación está asociada a un modelo de exagerada e indiscriminada apertura comercial y financiera, que viene procesándose en nuestro país desde la década de los ’70 y que se ha acentuado notablemente en los ‘90, a modo de respuesta a la crisis estructural del sistema. Fue una respuesta dogmática de los sectores hegemónicos de la clase dominante a sus problemas, no a los de la mayoría de la población, los cuales se han ido agravando progresivamente y se ha extendido a sectores socio-económicos históricamente vinculados al poder.

En nuestro país esta respuesta se plasmó en el modelo de plaza financiera, que introdujo un fuerte componente especulativo y la prioridad de los equilibrios financieros en desmedro de los productivos. Al mismo tiempo marcó una importante diferencia con respecto a las anteriores décadas, ya que la falta de crédito externo dejó de ser una restricción de primer orden.

Sin condiciones y sin preparación previa, se obligó al país a competir con el exterior en franca desventaja. Con tal política se propendió al desmantelamiento del aparato productivo y las empresas estatales y se hipotecó el mercado interno. Nada se hizo para que la mayor disponibilidad de recursos financieros del exterior se utilizase en inversiones productivas que hubieran mejorado la situación competitiva del país.

Por el contrario, se dedicaron a financiar el costo en divisas resultante de un consumismo de bienes importados, a cubrir los déficits emergentes de la falta de competitividad y a constituir reservas que no aportaron a la producción y, a la hora de la verdad, resultaron efímeras.

El modelo se ha agotado en su propia lógica. Los socios de esta propuesta ni siquiera tienen hoy alternativas para plantearle a la gente. El descrédito alcanza también a la forma de concebir la política que han aplicado el Partido Colorado y el Partido Nacional, quienes, apelando a sus afinidades ideológicas, y constituidos en gobiernos de coalición, contaron con las mayorías parlamentarias para aplicar su política, sin otro obstáculo que la resistencia ciudadana que concitó.  Una y otra vez el pueblo uruguayo se ha organizado para defender el patrimonio nacional, así como también demostrar su desconfianza creciente en la coalición gobernante. La gente ha dejado constancia que las reformas deben ser llevadas adelante con solidez y garantías, preservando el patrimonio de nuestro pueblo como eje fundamental del desarrollo del país.

La reforma constitucional (aprobada en 1996) se presentó ante la ciudadanía como un instrumento para allanar los diferentes problemas que afectaban al país. Estos – sin embargo - se profundizaron. Y así como fracasó la reforma política, también fracasaron las reformas de la seguridad social, de la educación y del Estado que se introdujeron de la mano de la concepción neoliberal.

En este proceso se profundizó la dependencia externa del país, generando una deuda pública equivalente al 100% del PBI cuyo pago de amortizaciones e intereses estará condicionando la vida de los y las uruguayas. El gobierno del Dr. Batlle ha mantenido terca y dogmáticamente la misma política.

No hay un reconocimiento del fracaso ni se convoca a un verdadero diálogo nacional para diseñar políticas de estado. El país padece la ausencia de políticas y sufre acentuados vaivenes, como los que se observan en la política exterior: hoy entusiastas del ALCA impulsado por la administración Bush, mañana contestes en el MERCOSUR.

Fueron flagrantemente incumplidas las promesas electorales, ya que en vez de bajar impuestos, fueron aumentados; en vez de reducir el déficit fiscal, este se acrecentó; en vez de contener el endeudamiento externo se lo aumentó a niveles de insustentabilidad; en vez de mantener una situación ordenada en el mercado cambiario, se perdió el control, creciendo al doble las cotizaciones y en vez de ser garante de un mercado financiero sólido, se actuó con irresponsabilidad y frivolidad, haciendo ostentación que se aplicaba hasta el último dólar de reservas para sostener lo que fue el vaciamiento bancario y la fuga de capitales. Y así el país tuvo la mayor debacle bancaria de la historia.

El gobierno se ve desbordado, la corrupción ha quedado al descubierto. 

Los uruguayos y uruguayas, ya estamos acostumbrados a ver como se componen las coaliciones blanqui – coloradas: fundadas mucho más sobre la base de repartos de cargos (inclusive creando Ministerios) que en la defensa de los intereses de la nación. Cómo siempre aquellos que se apartan del gobierno (ante las contiendas electorales),  “ofertan” un sinfín de propuestas demagógicas plasmando en el discurso aquello que durante el gobierno de la coalición, no llevaron adelante.

Es así que, se ha configurado una emergencia económica y social, a la cual nuestra fuerza política responde señalando responsabilidades y, al mismo tiempo proponiendo soluciones para aliviar las condiciones sociales más críticas y establecer desde ya las bases de la nueva economía, la del Uruguay productivo.

En este contexto de crisis, muchos ciudadanos y ciudadanas han asumido y promueven cotidianamente valores como la solidaridad, la colaboración, la profundización y la generación de nuevas redes de apoyo y asistencia. Las mismas se caracterizan por la valoración significativa del aporte de cada uno de los habitantes en las más diversas tareas. Nuestra gente ha asumido un creciente y valorable protagonismo, coincidente con los principios que nuestra fuerza política ha promovido desde siempre en lo concerniente a la participación como elemento fundamental del ejercicio pleno de la ciudadanía.

Los indicadores disponibles son elocuentes, no sólo de la profundidad de la crisis en que se ha sumido al país, sino también respecto del gran esfuerzo que será necesario hacer para poder superar situación tan crítica. No obstante, nuestra fuerza política acepta el desafío, porque confía en las condiciones de este país, especialmente de su gente. Eso sí, habrá que apoyarse firmemente en el nuevo contexto regional, en el que se vislumbra soluciones si el país es capaz de negociarlas bien. 

A diferencia del período anterior en que se priorizó el silencio, reconocemos el aporte de la Comisión Para la Paz en el esclarecimiento de muchas de las gravísimas violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura. Este trabajo aporta a conocer más sobre el destino de los detenidos – desaparecidos, y en él se reconoce oficialmente la tortura y el terrorismo de Estado. En este mismo sentido, señalamos que la impunidad por los delitos cometidos también ha dejado de estar en el silencio. Para nosotros, el trabajo por el esclarecimiento de este período nefasto de nuestra historia implica la búsqueda de la plena vigencia de los Derechos Humanos, para lo que se deben utilizar todos los instrumentos constitucionales y legales, así como los establecidos por el Derecho Internacional, que aportan en su esencia a fortalecer la democracia y la convivencia democrática entre todos los habitantes de nuestra nación.

Para nuestra fuerza política es un compromiso con la ciudadanía enfrentar la creciente desintegración y exclusión social, potenciar el aparato productivo y generar herramientas que fortalezcan el trabajo como fuente de reactivación y desarrollo del país.

3. Ejes Temáticos

1. Democratización de la Sociedad y el Estado

Resulta necesario democratizar la Sociedad y el Estado, tarea que se debe asumir por ambos en forma conjunta, sin la menor demora. Dada su trascendencia implica enmarcarla en el proyecto de nueva sociedad que estamos buscando.

El impulso, esencialmente democratizador, que promovemos como fuerza política tendrá como caracterización esencial un rescate claro y expreso de la solidaridad y una nueva ética, desde nuestros principios progresistas, orientada a la superación de todos aquellos valores derivados de la sociedad de consumo y la globalización.

En esta etapa el Estado deberá asumir, sin dudas, el liderazgo del desarrollo haciendo efectivo un concepto del cual nuestra fuerza política ha tomado conciencia tempranamente: el de la estrecha vinculación entre reformar el Estado y democratizar la Sociedad.

En nuestro país, con el retorno a la democracia, los sucesivos intentos reformistas de corte neoliberal de los partidos tradicionales tienen como mentores y/o coordinadores a los organismos financieros internacionales y buscan demonizar al Estado, no para destruirlo, sino para transformarlo en un instrumento funcional a la estrategia global neoliberal. La resistencia popular, cuya máxima expresión fue el resultado del plebiscito de 1992, impidió en esa coyuntura que lograran su objetivo; más allá de que persisten con sus claras intenciones de desmantelar el Estado bajo las más diversas formas e iniciativas.  Conforme a derecho, el gobierno progresista procederá a examinar la legitimidad de las operaciones realizadas, a aplicar el más estricto control del cumplimiento de obligaciones y, caso a caso, a la eventual adecuación contractual posible, en aquellas áreas prioritarias en el marco de una estrategia de transformaciones orientadas a la salvaguarda del auténtico interés nacional.

Es necesario más que nunca pensar y desarrollar alternativas, que traten de responder a la doble cuestión ¿qué estado queremos y como lo alcanzamos?

Debemos transformar al Estado en una poderosa palanca del desarrollo nacional, a la vez que creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad. El Estado contribuirá a resolver  las cada vez más grandes desigualdades sociales existentes en el país y tendrá una presencia activa y directa en las áreas estratégicas de la economía, desarrollando firmemente su función de articulación y su rol regulador. 

Las empresas estatales deberán ser fortalecidas buscando mayor eficacia y eficiencia y competitividad que las consolide como pilares del desarrollo y la soberanía del país, integradas al Plan de Desarrollo Económico, estableciendo mecanismos de fomento de la investigación en el marco del sistema nacional de innovación.

Con una conciencia plena del bien común  de la humanidad bregamos por el desarrollo de un espacio ambiental seguro y soberano que posibilite y promueva un Uruguay natural de producción sustentable.

El territorio, con sus recursos naturales y construidos a través de generaciones, es un bien común, único e irreproducible en cada una de sus porciones, e indispensable para el desarrollo de la vida.

La ordenación del territorio para su potenciación sustentable y sostenible de los recursos y para el mejor desenvolvimiento económico, social y cultural es un deber ineludible de las sociedades democráticas, ya que en su ejercicio se sustenta el futuro de los recursos naturales y creados que disponemos en el país.

Por ello, asumiremos la ordenación del territorio como un cometido esencial y sustantivo del Estado.

El gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio emprenderá las tareas de protección y mejoramiento del ambiente con la finalidad de defender la vida en todas sus formas y buscar las condiciones que permitan una mejora sostenida de la calidad de vida de la población en armonía con el entorno.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se debe encarar un amplio plan de mejora de gestión. Esto implica necesariamente una inversión en recursos tanto humanos como tecnológicos, lo que se hará de acuerdo a los medios disponibles.

Se estimulará la democratización de los medios de comunicación y de la información, tanto públicos como privados, su utilización al servicio de la comunidad, la divulgación artística, deportiva, científica y técnica, la promoción de los valores nacionales, y la expresión de los diversos sectores sociales y políticos del país. No hay desarrollo real, ni integración nacional sin herramientas adecuadas. La instrumentación de políticas, que nos permitan acceder a los medios de comunicación, es  una necesidad. Hoy no tenemos libertad de prensa, hay libertad de empresa. El cuarto poder fue arrasado y pisoteado por las asociaciones de medios de comunicación. No tenemos legislación adecuada que permita el uso racional y acceso de las corrientes de expresión, por lo que se hace imprescindible el retiro de control de los medios de la órbita del Ministerio de Defensa. Se hace necesario promover una ley que regule definitivamente el funcionamiento de los medios electrónicos de comunicación, para que los uruguayos y las uruguayas puedan tener las mismas posibilidades de acceso y uso de los medios democráticamente.

La justicia es un principio fundamental, y es deber de todo gobierno democrático el garantizar su vigencia y los caminos para su aplicación.

A diferencia de gobiernos anteriores, el gobierno progresista deberá agotar los medios para el pleno cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de la Ley de Impunidad, que expresamente obliga al esclarecimiento de las desapariciones. Comprometido con la verdad y la justicia -principios por los que el conjunto de nuestro pueblo ha bregado incansablemente- en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura,  hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr el cumplimiento de dichos principios, en cumplimiento de la Constitución y la Ley. El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratado internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país. Mientras esto no se haya producido, debe quedar claro que no se obstaculizará de ninguna forma la acción del poder judicial como han hecho los últimos gobiernos de los partidos tradicionales, sino que por el contrario, se asegurarán todas sus potestades constitucionales.

En el Uruguay de hoy las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales del período de la dictadura y del autoritarismo que la precedió, en la que la violación de los derechos fue extremadamente grave, no han podido ser totalmente superadas a pesar del tiempo transcurrido.

El terrorismo de Estado fue condenado enfáticamente por las fuerzas democráticas y progresistas y este principio encarnará la política nacional e internacional del nuevo gobierno.

Asumimos el rescate de la memoria histórica de las luchas populares y sus protagonistas, como parte esencial de la identidad de nuestro pueblo, de su pasado, su presente y su futuro.

La seguridad ciudadana es un derecho humano, aunque se ha convertido en un problema nacional. Sin perjuicio de entender que el delito tiene múltiples causas, el Estado no puede eludir el arbitrar soluciones teniendo en cuenta que éstas dependen de la capacidad para concertar acciones con la sociedad y del éxito de las políticas que aseguren crecientes grados de integración social.

Se promoverá una policía profesional dignificando la función policial, reafirmando su papel de auxiliar de la Justicia.

La vigencia y consolidación del sistema político e institucional de la democracia uruguaya es un elemento sustancial para el proyecto progresista. En él deben confluir simultáneamente la libertad, la justicia y la participación efectiva de la población.

Hasta el momento, las reformas se desarrollan sobre la base de una extensa brecha entre, por un lado, expertos y políticos, y por otro lado, los ciudadanos. Predominan las propuestas reformistas de gabinete sin legitimidad social, en manos de cúpulas de políticos y expertos encargados de formular e implementar las reformas alejadas de la participación ciudadana. En ese sentido, creemos que es necesario plantear que la transformación del Estado deberá ser parte del proceso de avance hacia  una democracia auténtica, con mejoras radicales en la transparencia y permeabilidad de las decisiones, la construcción de herramientas estatales destinadas a reforzar el control horizontal, y la participación ciudadana amplia y genuina en las decisiones y el control de lo que se hace.

Porque tenemos una estrategia de cambios profundos, necesitamos del poder político acorazado de legitimidad social para llevarla a cabo. Esto requiere profundizar las reformas institucionales en el sistema de gobierno, en dirección de una mayor participación de la sociedad toda.

Esta participación de la ciudadanía será una garantía más de la transparencia de la gestión administrativa, en la que comprometemos el combate frontal de la corrupción en todas sus formas y la adecuación de la legislación en lo relativo a las conductas corruptas y los delitos económicos.

Es necesario definir a nivel público una política salarial que opere como un verdadero estímulo tanto para el mejoramiento permanente de los funcionarios así como la retención de los más calificados, donde la productividad y el rendimiento sean adecuadamente valorados, atendiéndose especialmente la situación de los sectores de salario sumergido. Se deberá asimismo tender a poner en práctica el principio "a igual tarea, igual remuneración". Para nuestra fuerza política resulta evidente que existen algunas áreas en las que no podrá haber una sustancial mejora de la gestión pública sin una concomitante mejora de las retribuciones de los funcionarios. Sin embargo, el incremento de los niveles de remuneración no asegura por sí solo la mejora de la gestión, hecho comprobado en las experiencias ya vividas, por lo cual la administración progresista deberá enfrentar las prácticas negativas instaladas a través de ciertas culturas institucionales adquiridos en largos años de falta de motivación y control adecuado para dignificar la figura del servidor público. A la vez que promover a todos los emergentes del cambio que conviven atrapados y subsumidos en las estructuras burocráticas conservadoras.

En el plano de los funcionarios, se deberán mantener los criterios históricos del Encuentro Progresista - Frente Amplio para el ingreso a la función pública -el concurso o el sorteo en su caso-, verdadera salvaguarda democrática para la ciudadanía en su conjunto.

Al mismo tiempo resulta necesario promover un mayor equilibrio entre los tres poderes del Estado, en particular atendiendo la situación del Poder Judicial, cuya efectiva autonomía económica debe ser asegurada. Asimismo se garantizará la independencia técnica y la dotación de recursos humanos y materiales adecuados para la labor de este poder y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

Es nuestro compromiso estudiar cambios en la estructura o en la forma de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sobre la base del más estricto respeto a su independencia técnica.

Se harán transformaciones en los Ministerios para hacerlos más ágiles y eficaces en la atención de las necesidades y demandas sociales. Teniendo especial atención en la relación con los Gobiernos Departamentales, que se han mostrado como uno de  los instrumentos de gestión más directamente vinculados con la realidad cotidiana. Por ello se favorecerá la coordinación, complementación y ejecución de Programas y Proyectos en forma compartida. Se propenderá a generar espacios y condiciones para el surgimiento y desarrollo de los Gobiernos Locales a través de la desconcentración y descentralización.

La democratización del Estado implica reestructurar el relacionamiento con los ciudadanos en general, principalmente de los sectores con mayores carencias, acercando  las estructuras estatales que están directamente vinculadas a la solución de sus problemas. Un Estado sensible a los intereses de las grandes mayorías nacionales, que sepa escuchar y que sea eficaz en el diseño y la ejecución oportuna de políticas adecuadas. Apoyándonos en la experiencia de descentralización llevada a cabo en el Gobierno Municipal de Montevideo, se pondrá en práctica sin demoras modalidades de cogestión o de participación en la tarea del Estado en las áreas donde ésta sea posible. Queremos un ciudadano protagonista y responsable de la gestión de este Estado que propugnamos. Este diálogo es el que permitirá llegar, entonces, al diseño de Estado que queremos.

Se promoverá la descentralización en el plano político y administrativo con el objeto de estimular la participación ciudadana en todas las etapas de la gestión pública tanto en las ciudades como en las localidades y zonas rurales. Esta participación comprende la iniciativa, la puesta en práctica de las políticas a ejecutar y el contralor de la acción estatal en todos sus niveles.

Democratizar el Estado es devolver al Parlamento su carácter de foro crítico. Es necesario redefinir la democracia uruguaya como realización del paradigma representativo y de la participación popular.

Una reforma del Estado eficaz sólo se logra si es legitimada por la ciudadanía, y el gobierno y su elenco son capaces de conjugar el sentido de la conducción, con las capacidades técnicas presentes en la sociedad.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio se compromete a proveer los cargos de dirección en su gobierno, con ciudadanos y ciudadanas calificados para la tarea, rompiendo el esquema del "premio consuelo" para los fracasados electorales y el reparto de cargos según lealtades políticas. Se compromete a estudiar la posibilidad de legislar para que los plazos de permanencia en ciertos cargos no se correspondan con los tiempos políticos, y a establecer impedimentos para las candidaturas de quienes los ocupen, evitando de este modo la desviación común en que recaen los políticos tradicionales, que suelen transformar la gestión en un trampolín de lanzamiento personal electoral.

La reforma del Estado deberá estar asociada directamente a un avance general de la democracia, gobernando con la gente, no sólo convocándola para crear consenso sino abriendo las puertas a las tareas de control y toma de decisiones. Será un objetivo que perseguiremos como una obsesión porque estamos convencidos que somos una fuerza política que tiene otra forma de hacer política.

Para que pueda cumplir adecuadamente con sus cometidos, el Estado deberá transformarse, a efectos de actuar con la máxima eficiencia que sea posible. Va implícito que esa transformación deberá incluir la erradicación de prácticas clientelistas y de cualquier forma de corrupción, de fraude y de abuso de funciones. Propiciaremos cambios en la estructura del gasto público e introduciremos verdaderas reformas en la educación, en la seguridad social y en la Administración Central.

La gestación de un bloque político social alternativo se debe constituir en el sustento básico de esta estrategia democratizadora.

Para llevar a cabo esta reforma se ubicará como actor central de este debate al Parlamento Nacional, dada su representatividad y diversidad; como ámbito de generación de los consensos necesarios e instrumento insoslayable para dirimir las tensiones que se presenten.

En el Estado uruguayo existen además organismos y entidades -por ejemplo el Banco de la República, el Hipotecario, el de Seguros y el Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Sodre, el Instituto Nacional de Colonización,  la Corporación Nacional para el Desarrollo y otros- que orientados adecuadamente se transformarán en poderosas herramientas de cambio.

Se dispondrá el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil como instrumento de planificación de la función publica. 

La construcción del Estado, sólo puede tener coherencia si desde el diseño de las políticas y programas existe una unidad conceptual, metodológica, técnica y de procedimiento. La búsqueda de soluciones a las contradicciones naturales entre intereses diferentes supone la generación de ámbitos adecuados de negociación, tal como el Acuerdo Social. Estas instancias deben preceder, en la medida de lo posible, a la toma de decisiones, permitiendo así el desarrollo de la coherencia en el ejercicio del gobierno. La participación de los diferentes actores sociales en el proceso de búsqueda de acuerdos, asegura el  involucramiento  activo de la ciudadanía en la toma de decisiones.

La coherencia política que el EP-FA impulsa, resulta del ajuste institucional de los actores gubernamentales a la política de gobierno en el cumplimiento del programa expuesto ante la ciudadanía. Coherencia política y búsqueda de acuerdos constituirán el fundamento de una estrategia destinada a desatar los nudos problemáticos presentes hoy en el Estado uruguayo y que este proceso se plantea superar.

b. País Productivo

Es objetivo prioritario del EP-FA poner la economía al servicio del ser humano, dejando atrás aquella concepción economicista que concibe a las personas como meros agentes económicos, con olvido de su dimensión integral y trascendente.

Por lo tanto, en nuestra concepción, la condición indispensable de cualquier modelo de país es que tenga como centro la generación de empleo genuino para todos sus habitantes.

El sector agropecuario, pilar histórico de nuestro país, genera los alimentos para el consumo interno y la exportación, así como buena parte de las materias primas que procesa la industria nacional, tanto para el mercado interno como externo.

Entendemos que la producción agropecuaria y su industrialización son de carácter estratégico para el país en su conjunto. En este sentido, es responsabilidad del sector público generar una política de desarrollo que armonice estos objetivos.

Asimismo, es nuestra profunda convicción, que para alcanzar ese objetivo será necesario una organización de la economía que atienda simultáneamente el crecimiento de la producción, la redistribución del ingreso y la estabilidad en las relaciones económicas y sociales.

Comprometemos todos nuestros esfuerzos para que este proyecto progresista tenga las siguientes características distintivas:

Se centre en el trabajo nacional. La fuerza de trabajo como el factor originario de la producción es lo que pone en funcionamiento las herramientas, las maquinarias y el saber para transformar insumos y materias primas en los bienes y servicios que constituyen la riqueza de un país. Será reconocida socialmente en el empleo y en una remuneración acorde al esfuerzo, especialización y conocimientos aplicados. Por lo tanto un objetivo central será la creación de fuentes de trabajo.

Logre un mayor aprovechamiento de los recursos. Pretendemos que el funcionamiento económico obtenga el mayor aprovechamiento posible de los recursos humanos, materiales, naturales, tecnológicos y financieros del país, lo que significa evitar su subutilización. Esto es particularmente importante en lo referente a la utilización de la tierra, cuya forma de tenencia y explotación deberá guardar coherencia con los objetivos del proyecto. Se garantizará un uso de la tierra como bien social, ya que es patrimonio de todos los uruguayos. Entendemos que la producción agropecuaria y su industrialización son de carácter estratégico para el país en su conjunto.

La transformación de la Estructura Agraria del País constituye un pilar fundamental del nuevo modelo y logrará un desarrollo sustentable si garantiza la seguridad alimentaria de toda la población, preserva los recursos naturales y logra que “los mas infelices sean los privilegiados”

Se propone en tal sentido la redistribución de la tierra, para lo cual, impedir la extranjerización y concentración es una condición necesaria. Para ello se derogará la ley que habilita la propiedad y explotación de la tierra a Soc Anónimas, siguiendo el legado Artiguista del Reglamento Provisional para el Fomento de la Campaña.

Promueva la integración productiva. Asimismo pretendemos que el país tenga un proceso productivo integrado, donde la potenciación con el trabajo nacional de los recursos ambientales y materiales, en particular la riqueza y diversidad del sector primario (ganadería, agricultura, pesca y minería) sumado al aporte de recursos captables del exterior, sea una base sólida para el desarrollo de la industria y del resto de las actividades. Especial atención se le otorgará a la actividad turística y a las actividades vinculadas a la tecnología de la información.

Desarrolle niveles de producción adecuado a las necesidades del país y de su gente. Tendremos como meta que dicho nivel permita:

-          Ser la principal fuente de oferta para satisfacer las necesidades de consumo de la población, acordes con un nivel de vida digno y satisfacer las necesidades de insumos de origen nacional para la producción,

-          Obtener excedentes exportables capaces de financiar la importación de otros bienes de consumo final, otros insumos para la producción y otros bienes de inversión.

-          Destinar una parte creciente de la nueva riqueza a la inversión productiva en los diversos sectores de la actividad económica.

Agregue el máximo valor posible a la producción nacional y lo haga valer comercialmente. Para lo cual será clave destinar recursos y diseñar políticas para la educación en general, y para la investigación científica y tecnológica, en particular. Las políticas industrial y comercial del país tendrán por norte romper los círculos viciosos dados por la división internacional del trabajo, la dependencia científica y tecnológica, así como desprenderse de la dependencia comercial de las grandes corporaciones internacionales. Propulsar la mejor adaptación y articulación de la producción agroindustrial nacional y los bienes de exportación del país con los mercados internacionales. En definitiva, la industrialización debe ser uno de los objetivos centrales del país productivo por su contribución a la agregación de valor, la generación de empleo genuino, la incorporación de tecnología y canalización de excedentes hacia el exterior.

Genere producción competitiva. Es decir, de cantidad, calidad, precio, oportunidad y máxima diferenciación posible, tal que hagan factible su fluida exportación y presente ventajas para enfrentar normalmente la competencia de productos elaborados en el exterior. Dicha competitividad deberá estar vinculada a la productividad en el manejo de los recursos, al desarrollo de las capacidades de la fuerza de trabajo, a las ventajas naturales y al aporte de la infraestructura básica del país, así como a un sistema adecuado de protección económica. Dentro de este marco, consideramos que una diferenciación posible es desarrollar el alto contenido natural en ciertos tipos de productos.    

Promueva desarrollo autónomo. En relación a este concepto bregaremos para:

-          Que el motor para el dinamismo económico esté radicada en el funcionamiento de la propia economía, de modo de reducir la dependencia frente a las fluctuaciones del exterior. 

-          Dinamizar el mercado interno, dado que resulta indispensable para la construcción de una demanda básica y para el cumplimiento de objetivos centrales del modelo, tales como la generación de empleo, la distribución del ingreso, los niveles salariales, la inversión pública, etc.

-          Fortalecer la proyección exportadora del país. Es una oportunidad para nuestra inserción regional y mundial, la promoción de un tipo de producción que, por su especialización no requiera gran escala, nos permitiría superar la restricción que el actual diseño tecnológico plantea para la industria moderna, basado en escalas de producción que, por lo general, superan los límites de nuestro aparato productivo.

Tenga un crecimiento sostenible. Para que esto sea posible aplicaremos políticas económicas que:

-          Propendan a una armonía territorial y sectorial en el crecimiento, coherente con el desarrollo de cadenas productivas y coherentes con la dimensión de las empresas, incluyendo una política especial para la adecuada inserción de las PYMES en el contexto de la economía.  

-          Se apoyen en factores de segura disponibilidad y en la generación de excedentes, que una vez volcados a la inversión garanticen la continuidad y el mejoramiento del proceso productivo.

-          Fomenten una creciente productividad del trabajo.

Logre una producción sustentable. Dicha explotación de recursos deberá garantizar la sustentabilidad de los mismos, por lo que la no depredación y el respeto al medio ambiente, son consideradas premisas fundamentales.

Avance hacia un país productivo y solidario, con distribución de la riqueza, mecanismos de inclusión y participación social. El gobierno del EP-FA promoverá que el proceso de agregación de valor se realice con una simultánea distribución equitativa del ingreso generado. En este marco, respetaremos y promoveremos las formas participativas de organización de los ciudadanos, en especial la sindicalización y las diversas formas asociativas que apunten a dichos fines, como el cooperativismo y en tal sentido, consideraremos especialmente el factor integrador de las pequeñas empresas y las expresiones de organización de la sociedad civil. En particular, en un programa de desarrollo rural caracterizado por su carácter equitativo, inclusivo y sustentable, se  promoverá a los sectores más carenciados del medio rural y se propenderá a la solución de sus problemas estructurales, tanto como sus carencias más urgentes. Asimismo, se promoverá la mayor articulación social y política con todos los actores sociales de medio rural. 

Otorgue un rol activo y orientador del Estado. Desarrollar al país en base a su potencialidad productiva y distribuir su resultado con justicia social requiere un Estado activo, capaz de orientar ese proceso. Está demostrado que el mercado, interferido por el poder, por sí sólo no es buen asignador de recursos. La intervención del Estado, se basará en un Plan de Desarrollo Económico surgido de los acuerdos entre todos los sectores vinculados a la producción. A su vez, imprimiremos a esta intervención las siguientes características: 

-     Tendrá selectividad en dicha asignación de recursos, buscando orientar la inversión hacia los sectores considerados prioritarios, exigiendo a su vez las correspondientes contrapartidas. Los criterios para determinar la selectividad deberán ser claros, transparentes y de impacto económico y social. Al respecto, la creación directa o indirecta de empleo, la generación o el ahorro de divisas, la descentralización territorial, el impacto ambiental, el dinamismo tecnológico y la capacidad para generar nuevos productos, son los principales criterios que nos comprometemos a aplicar. 

-          Considerará todos los instrumentos de política económica, sin descalificaciones a priori, tales como los subsidios, el crédito selectivo, controles al movimiento de capitales, evaluando su aplicación o no en cada situación particular y en cada coyuntura.

-          Buscará fortalecer la infraestructura básica del país que oficia de soporte para la competitividad de la producción nacional de bienes y servicios, en especial para la actividad turística. En este sentido, será fundamental la inversión que realicen las empresas públicas.

-          Se propondrá fortalecer el nivel de la educación y de la investigación. Comprometemos la puesta en práctica del Sistema Nacional de Innovación.

-          Elaborará y aplicará políticas sectoriales, tales como política agropecuaria, industrial, de turismo, entre otras. Articulará las políticas agropecuarias y el desarrollo rural con un proceso de descentralización y desarrollo local.

-          Fomentará la inversión privada en base a estímulos sujetos a los controles, contrapartidas y seguimiento de resultados. Ello sin perjuicio de participar en nuevos proyectos cuando el sector privado no tome riesgos en áreas promovibles en función de su potencialidad productiva, así como comprometerá esfuerzos por mantener actividades amenazadas por cierres o subutilización de recursos, cuando exista una evaluación económica y/o social positiva. En estos casos, la participación estatal podrá adquirir distintas modalidades, como empresas de  capital mixto, asociaciones con trabajadores, etc.

-          Intervendrá mediante la política fiscal y de previsión social, en procura de una distribución más equitativa del ingreso, hasta el límite marcado por las restricciones no superables existentes en el entorno macroeconómico.

-          Velará por el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos, prevaleciendo la condición de que el necesario logro de los equilibrios en el sector financiero de la economía estará cimentado en el positivo desempeño del sector productivo de la economía y no a la inversa.

-          En las empresas públicas, en tanto tengan rol estratégico, las reformas salvaguardarán el patrimonio y la gestión estatal y se tenderá a que las tarifas se fijen teniendo en cuenta los costos globales de producción eficiente, criterios de selección de productos y el interés social, evitando su uso como impuesto encubierto.  

Procese una profunda reforma en el sistema financiero. El sistema financiero adaptado al país productivo, deberá tener controles especiales para que no esté al servicio de la especulación y la fuga de capitales. Por el contrario, el desarrollo del mercado de capitales deberá abrir espacio a un mayor grado de intermediación financiera con instrumentos más variados y que puedan utilizarse para la adecuación de la conducta de las instituciones y de los usuarios. Se promoverá una banca pública fuerte y eficiente, capaz de desarrollarse en  diversas áreas (inversión, fomento, PYMES, etc.) que refuerce su carácter de eje de la política crediticia. Se introducirán modificaciones en el marco regulatorio tendientes a generar mayores niveles de confianza y equidad. Se propenderá a un sistema bancario de dimensión adecuada a las escalas de producción nacional y fundamentalmente volcado a la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. Se dará un tratamiento diferencial y preferente a la banca minorista que atienda a las actividades productivas de menor escala y a las radicadas en el interior del país.

En ese contexto se promoverá el Fondo de Garantía de Depósitos, la adecuación de la Tasa de Interés y el retorno al uso preponderante de la moneda nacional.

El Secreto Bancario no deberá interponerse ante los requerimientos de información de los organismos de contralor del Estado, los de la administración tributaria y del Poder Judicial.

Los Bancos Extranjeros que operen en el país con el nombre de su casa matriz, además de ceñirse al marco regulatorio y a la supervisión, tendrán que tener el respaldo patrimonial de aquellas.-

Procese una profunda reforma en el sistema Tributario.  La política tributaria deberá operar como un instrumento eficaz de recaudación y simultáneamente con el objetivo extrafiscal de estimular la actividad productiva del país y el empleo. Deberá atender las urgentes necesidades sociales, desestimulando la rentabilidad proveniente de la especulación financiera. La redistribución y el fortalecimiento del desarrollo de los sectores productivos determinarán la presión fiscal, siendo acordes a la cobertura y los servicios estatales.

Se impulsará una reforma del sistema tributario que permita corregir la inequidad en la carga tributaria de los contribuyentes. La misma incluirá el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que simplifique el sistema de recaudación y que respete la capacidad contributiva de los agentes económicos.

Nuestro sistema tributario será progresivo, en una tendencia contraria a la que se ha establecido hasta el momento, promoviendo que los contribuyentes de menores recursos aporten menos en términos proporcionales, que los de mayores recursos.

Los gravámenes diferenciales, los subsidios y las exoneraciones serán utilizados como instrumentos al servicio de los objetivos de producción, redistribución del ingreso y generación de empleo definidos en el marco de un presupuesto por programa equilibrado en el mediano plazo, habilitando políticas contracíclicas. Asimismo, la carga tributaria recaerá en mayor o menor grado sobre gastos o sobre ingresos, atendiendo a dichos ciclos económicos.

Se reformarán las administraciones fiscales y se adecuarán los instrumentos necesarios para que el control sea eficaz y transparente.

Sea conciente de que para un país productivo hará falta un MERCOSUR productivo. A nuestro entender ello implica:

-        Concebirlo no sólo como una integración comercial, sino como complementación económica, donde se promueva la integración de las cadenas productivas y la máxima coordinación que sea posible en las políticas macroeconómicas.

-        Reconstituir un clima adecuado, en el que la mutua colaboración en beneficio de todos, prime sobre la competencia de intereses particulares. Negociar condiciones acordes a nuestras posibilidades de inserción, basadas en el respeto a nuestro derecho de agregar valor a nuestras producciones de origen primario.

-        Aspirar a una negociación conjunta de los temas que hacen a los objetivos o a la problemática común, como son la integración con el Pacto Andino, posición sobre el ALCA, el relacionamiento con la Unión Europea, así como el tema del endeudamiento externo y eventuales controles sobre el movimiento de capitales. 

Aborde la Deuda Pública. Conocido es que la crisis financiera provocada por la aplicación del modelo neoliberal absorbió las reservas estatales y elevó la deuda en moneda extranjera del sector público a más del 100% del PBI. Por lo tanto, la deuda externa ha pasado a ser una restricción de primer orden, que el reciente canje de títulos públicos no ha solucionado. El EP-FA encarará este problema con los siguientes criterios:

La administración de la deuda del sector público estará relacionada al cumplimiento del objetivo principal de desarrollo económico y social.

El relacionamiento con los organismos internacionales deberá basarse en principios firmes de negociación, tanto en lo referente a la deuda que el país mantiene con ellos, como con los acreedores privados. El gobierno progresista, sin rehuir las obligaciones contraídas por el Estado, buscará solucionar el problema de la carga de la deuda externa, sin allanarse ante imposiciones o condicionamientos de los organismos internacionales.

Un ajuste recesivo para pagar el servicio de la deuda, por la vía de aumentar los impuestos o reducir el gasto socialmente necesario, sería equivalente a pagar deuda a costa de más hambre, más desempleo, menos salud, menos educación, menos vivienda digna para los uruguayos y uruguayas, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social.

La inviabilidad de pagar con ajuste o sacrificando el crecimiento futuro de la economía, es advertida por los propios acreedores, que tienden a entender que sólo podrán cobrar si al país le va bien. La confianza que restablecería el crédito externo debe generarse a partir del sinceramiento de las situaciones, nunca de su ocultamiento. 

No se trata solamente del problema del crecimiento global de la economía, sino de cómo se crece y para quién se crece.

El gobierno uruguayo deberá sumar sus esfuerzos con los gobiernos de países, especialmente de América Latina, que enfrenten problemas similares respecto a su deuda externa, para intentar su solución en el marco los principios antes establecidos.

Desarrolle políticas en ciencia y tecnología e innovación En el mundo actual, la producción de conocimientos y su incorporación a la vida social se ha convertido en el factor central para el desarrollo social. La existencia de una potente política para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es uno de los principales componentes del ineludible giro político y social que deberá emprender el Uruguay. En este marco resulta decisivo desarrollar un plan estratégico que convierta a la innovación en un elemento dinamizador e integrador en nuestra sociedad.

El programa progresista que aplicaremos en esta materia contendrá medidas que faciliten el crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios con alto grado de conocimiento, es decir productos en los que un factor principal de destaque sea el saber hacerlos.

El objetivo no debe ser sólo el aumento de la producción comercializable. La aplicación del conocimiento a la mejora de las condiciones de vida de la gente constituye una absoluta prioridad. En relación con las estrategias, impulsamos la construcción de un Sistema Nacional de Innovación (SNI) donde la Universidad de la República tenga un rol central y protagónico. Como acciones básicas del SNI proponemos fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, estimular los circuitos innovativos, el aprendizaje mutuo, las interacciones entre generadores y usuarios de conocimientos, para la resolución de problemas de la producción y la sociedad.

Este programa será un soporte fundamental, sobre todo para la actividad de los complejos agroindustriales, la pesca y las industrias extractivas de base mineral.

La incorporación de valor y de nuevas tecnologías, fundamentalmente biotecnológicas, resulta muy importante para el desarrollo de estos complejos, con particular atención al fortalecimiento e integración de las PYMEs, y las empresas familiares agropecuarias.

También es necesario diversificar la matriz energética, desarrollando un margen importante de autonomía en el marco de la complementación regional y fortaleciendo los objetivos sociales de acceso universal y tarifas diferenciales.

Las perspectivas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Uruguay son muy prometedoras en el marco de un Plan Estratégico.

Desde este punto de vista resulta clave la Innovación y Desarrollo en las telecomunicaciones, así como también los desarrollos en biomedicina y otras investigaciones y tecnologías vinculadas con la salud, la industria farmacéutica y sectores relacionados.

La aplicación de recursos presupuestales a este fin gozará de especial preferencia. Las intendencias y  los entes autónomos deben realizar inversiones en este rubro. El incremento de los fondos también deberá originarse en un crecimiento significativo de la inversión privada en Innovación y Desarrollo (I+D) para lo cual deben existir estímulos estatales.

Asimismo, pueden cumplir un importante papel en el financiamiento la banca pública de fomento y la banca cooperativa.

c. POLITICAS SOCIALES

La política social del gobierno progresista, implementada a través del Estado democráticamente  articulado con toda la Sociedad y comprometido a garantizar la cobertura de las necesidades básicas para toda la población y a la creación de condiciones que permitan el pleno desarrollo de la persona humana, se basa en las siguientes orientaciones principales: justicia social, mejor calidad de vida, trabajo digno, equidad e inclusión, distribución solidaria, integralidad, participación y descentralización, salud para todos, educación para el desarrollo y la cultura ciudadana, seguridad social integral y vivienda popular.

Ø       Justicia Social

Las profundas desigualdades sociales existentes,  que  se han agravado debido a las políticas implementadas por los gobiernos de las sucesivas coaliciones  blanqui-coloradas  que hemos  venido soportando, constituyen sin ninguna duda una injusticia intolerable y el mayor problema de nuestra sociedad  por lo que reclaman absoluta prioridad.

Esas